Los nueve meses de investigación contra el fiscal general del Estado que han acabado con su procesamiento: revelación de secretos, pactos y el novio de Ayuso

El 16 de octubre de 2024, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo llevaba a cabo una acción insólita en nuestro país: acordó por unanimidad abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por un presunto delito de revelación de secretos. Esta misma causa también afectaba a la Fiscal Jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández.

Los hechos que llevaron a esa decisión tuvieron lugar a principio de ese mismo año, alrededor de la investigación que se estaba llevando a cabo contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por delitos de defraudación fiscal.

El 2 de febrero, González Amador recibía un correo de su abogado en el que le proponía un pacto con el Ministerio Fiscal a fin de reconocer los hechos delictivos y conformarse con una determinada sanción penal. Ese mismo día el letrado envío un correo electrónico al fiscal superior de Madrid, Julián Salto, para proponerle un acuerdo de conformidad para admitir dos delitos fiscales.

Los problemas surgieron cuando algunos medios de comunicación y el entorno de Ayuso comenzaron a sacar informaciones, en las que se acusaba a la Fiscalía de haber sido los primeros en ofrecer el pacto a González Amador, lo que era falso.

Por eso, desde la Fiscalía General del Estado buscaron una forma de desmentir estas acusaciones y para ello publicar una nota informativa. Aquí es cuando, según el auto de procesamiento, García Ortiz solicitó este correo para respaldar la publicación que iban a llevar a cabo.

El correo fue reenviado por primera vez el 12 de marzo de 2024 por parte del fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Un día después, a las 13:45, desde la Secretaría Técnica se remite el correo íntegro al gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado, solicitando su valoración para una posible respuesta pública.

Fue ya el 14 de marzo de 2024 a las 14:18 cuando la Fiscalía General del Estado difundió una nota oficial a medios de comunicación. En ella, sin citar nombres, se reproducían literalmente fragmentos del correo confidencial enviado por el abogado defensor de González Amador, en particular, los relativos a la confesión implícita del delito y la oferta de conformidad. La nota, como se ha explicado, se emitió con el objetivo de desmentir una versión ofrecida a algunos medios por el entorno de Ayuso, que aseguraba que el fiscal había ofrecido el pacto.

La nota de prensa fue también reenviada a miembros del Gobierno, entre ellos altos cargos del Ministerio de Justicia. A partir de ese momento varios medios de comunicación comenzaron a publicar información sobre el contenido del correo, atribuyéndolo a fuentes fiscales. Algunos titulares destacaban que fue el abogado defensor quien ofreció el pacto, no la Fiscalía.

Tras la apertura de investigación contra García Ortiz uno de los episodios más importantes fue el 30 de octubre de 2024, cuando la Guardia Civil accedió a los despachos del fiscal general y de la fiscal de Madrid para localizar documentos, móviles y correos electrónicos con el fin de “evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación”.

En este registro, que duró más de diez horas, el magistrado autorizó hacer copia íntegra de la información contenida en sus dispositivos y correos electrónicos.

Ante la gran cantidad de información contenida en estos dispositivos, el juez tuvo que acotarla a dos días claves: el 8 y 14 de marzo. El 8 de marzo fue cuando Rodríguez le informó de que el investigado por presuntos delitos fiscales era la pareja de la presidenta madrileña y “le pidió copia de la denuncia ya visada” y el 14 de marzo cuando se emitió la nota de prensa.

La investigación se centró desde ese momento en esta información y pasó por la solicitud de datos a Whatsapp y Google debido a que García Ortiz había borrado todos sus datos en su móvil. Según fuentes de la fiscalía, es una acción que lleva a cabo cada cierto tiempo y nada tuvo que ver con la causa en su contra.

El 5 de marzo el Supremo prorrogó por seis meses la investigación judicial de esta causa, que ha tenido su final este 9 de junio, con el procesamiento de García Ortiz y la fiscal de Madrid.

En este último auto, el instructor señala que, “a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general del Estado facilitó a un medio de comunicación el confidencial contenido de un correo electrónico, de 2 de febrero de 2024, que había remitido el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, al fiscal del caso que se seguía contra dicha persona. Un correo que le fue remitido a su vez al fiscal general por la fiscal jefe provincial de Madrid”.

El magistrado instructor destaca que dicho correo contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, en una conversación privada entre letrado y fiscal que está sujeta a criterios de reserva y confidencialidad.

En su auto, el juez da traslado de lo actuado a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o pidiendo el sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la práctica de diligencias complementarias.